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La AEF lleva a Industria
ante el Tribunal Supremo

La
Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF) recurrirá ante el Tribunal
Supremo el Real Decreto aprobado por el gobierno que limita a 25 años
la percepción de la prima por producción de electricidad para las
instalaciones fotovoltaicas. Esta asociación entiende que se han
introducido “cambios sustantivos y retroactivos en la regulación
vigente, con un evidente efecto discriminatorio y vulneración de la
seguridad jurídica”.
AEF
ya se ha personado ante el Tribunal Supremo. Fuentes de la asociación
han explicado que “según establece el procedimiento jurídico, antes del
24 de enero, los recurrentes deben exclusivamente comunicar al Supremo
que se personan ante el mismo, en relación con el Real Decreto
1565/2010. Luego se abre un periodo en el que se puede desarrollar el
recurso, mediante la memoria jurídica, para lo que hay otro plazo. AEF
se ha personado y manifestado su propósito de seguir el proceso. Es lo
que marca la Ley”.
El recurso ante el alto tribunal tiene lugar porque, en opinión de AEF, el RD 1565/2010 aprobado
el pasado mes de noviembre vulnera las reglas del juego establecidas
por el gobierno y a las que se acogieron el 95% de las instalaciones
fotovoltaicas que actualmente operan en España. Según estableció en su
día el RD 661/2007, las plantas tenían derecho a cobrar la prima
durante 25 años y a partir del vigésimo sexto percibirían un 80%
durante el resto de su vida útil.
Con la norma de noviembre el Ministerio de Industria elimina las primas de todas las instalaciones más allá de los 25 años, lo que en opinión de AEF “constituye
una agresión contra la estabilidad regulatoria y la confianza legítima
que todo acto de gobierno debería garantizar para aquellas decisiones
empresariales que se han gestado al amparo de la garantía legal del
Estado”.
Asimismo estima AEF que la supresión de las tarifas reguladas “se
ve agravada por otras medidas que modifican sustancialmente el régimen
económico por el que, desde 2008, se vienen rigiendo las instalaciones
ya existentes. Especialmente aquellas que establecen la exigencia de
modificaciones técnicas en flagrante atentado contra el principio de
igualdad jurídica, porque discriminan a la fotovoltaica frente a otras
tecnologías, privándola de un trato de equidad en las condiciones, los
plazos de ejecución o las compensaciones económicas que, en los casos
de las otras fuentes de generación renovable, sí se contemplan”.
Cuatro veces en cuatro años
La
Asociación Empresarial Fotovoltaica ha recordado que las normas para el
sector fotovoltaico se han cambiado cuatro veces en cuatro años creando
“una situación de desconcierto nacional e internacional respecto de
la voluntad real del gobierno español sobre su apoyo a las energías
renovables” que pone en riesgo inversiones realizadas por valor de 20.000 millones de euros.
La Junta Directiva de AEF ha manifestado que se acuerda “defender, ante
cualquier situación de ilegalidad o incertidumbre jurídica o
regulatoria, los intereses reconocidos de los empresarios, inversores y
productores en cualquiera de las instancias nacionales o
internacionales y con todos los recursos que ofrece a los ciudadanos
cualquier Estado de Derecho”.
Para protestar contra el nuevo marco normativo que regulará la energía
fotovoltaica, miles de empresarios del sector se están reuniendo en
distintas regiones de España, unos actos en los que también participa
AEF y la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías
Renovables (ANPER).
De momento ya se han celebrado asambleas en Andalucía, Galicia,
Navarra, Cataluña, Murcia y Aragón, a las que han acudido tanto
empresarios del sector fotovoltaico como los particulares afectados por
la nueva regulación planteada por el Ministerio de Industria según ha
asegurado el presidente de AEF, Juan Laso.
En el marco de estas reuniones, el tema fundamental ha sido la
inseguridad jurídica que viven los productores de cerca de 50.000
instalaciones y alrededor de 60.000 inversores, entre los que se
encuentran empresas e inversores internacionales y miles de pequeños
ahorradores que decidieron hacer una inversión segura a largo plazo.
Asimismo los afectados se han mostrado preocupados por el futuro de las
plantas fotovoltaicas ante unas medidas que consideran retroactivas y
que se han dictado sin tener en cuenta ni a la industria, ni a los
inversores ni a la banca, lo que conducirá al concurso voluntario de
acreedores a la gran mayoría de las plantas fotovoltaicas.
50.000 agricultores afectados por la nueva regulación fotovoltaica
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)
ha denunciado que los recortes propuestos por el Ministerio de
Industria y aprobados por el Consejo de Ministros “ponen al borde la
quiebra a 50.000 agricultores que invirtieron en pequeños huertos
solares para conseguir una jubilación digna”.
Se refiere COAG al Real Decreto-Ley 14/2010 con el que el gobierno
anuncia que se reducirán las horas de producción con derecho a cobrar
la llamada prima fotovoltaica durante tres años. Este supone en la
práctica se cobrarán un 30% menos dependiendo de la zona climática en
la que se encuentre la instalación, según los cálculos realizados por
el sector fotovoltaico.
De acuerdo a los datos facilitados por COAG y ANPER (Asociación
Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables) los
agricultores y ganaderos han invertido y son copropietarios de una
cuarta parte de las aproximadamente 52.000 instalaciones solares que
existen en España. Son pequeños inversores, no propietarios únicos de
las plantas, a través de fórmulas como las comunidades de bienes, las
comunidades de regantes, las cooperativas, o aportaciones familiares a
un proyecto.
Las comunidades más afectadas, según COAG y ANPER, son Cataluña y
Murcia, son 15.000 y 10.000 perjudicados respectivamente. Los otros
25.000 agricultores se reparten fundamentalmente por las comunidades de
Valencia, Andalucía, Extremadura, Navarra y País Vasco.
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