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La AEF lleva a Industria
ante el Tribunal Supremo




La Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF) recurrirá ante el Tribunal Supremo el Real Decreto aprobado por el gobierno que limita a 25 años la percepción de la prima por producción de electricidad para las instalaciones fotovoltaicas. Esta asociación entiende que se han introducido “cambios sustantivos y retroactivos en la regulación vigente, con un evidente efecto discriminatorio y vulneración de la seguridad jurídica”.


AEF ya se ha personado ante el Tribunal Supremo. Fuentes de la asociación han explicado que “según establece el procedimiento jurídico, antes del 24 de enero, los recurrentes deben exclusivamente comunicar al Supremo que se personan ante el mismo, en relación con el Real Decreto 1565/2010. Luego se abre un periodo en el que se puede desarrollar el recurso, mediante la memoria jurídica, para lo que hay otro plazo. AEF se ha personado y manifestado su propósito de seguir el proceso. Es lo que marca la Ley”.

El recurso ante el alto tribunal tiene lugar porque, en opinión de AEF, el RD 1565/2010 aprobado el pasado mes de noviembre vulnera las reglas del juego establecidas por el gobierno y a las que se acogieron el 95% de las instalaciones fotovoltaicas que actualmente operan en España. Según estableció en su día el RD 661/2007, las plantas tenían derecho a cobrar la prima durante 25 años y a partir del vigésimo sexto percibirían un 80% durante el resto de su vida útil.
Con la norma de noviembre el Ministerio de Industria elimina las primas de todas las instalaciones más allá de los 25 años, lo que en opinión de AEF “constituye una agresión contra la estabilidad regulatoria y la confianza legítima que todo acto de gobierno debería garantizar para aquellas decisiones empresariales que se han gestado al amparo de la garantía legal del Estado”.


Asimismo estima AEF que la supresión de las tarifas reguladas “se ve agravada por otras medidas que modifican sustancialmente el régimen económico por el que, desde 2008, se vienen rigiendo las instalaciones ya existentes. Especialmente aquellas que establecen la exigencia de modificaciones técnicas en flagrante atentado contra el principio de igualdad jurídica, porque discriminan a la fotovoltaica frente a otras tecnologías, privándola de un trato de equidad en las condiciones, los plazos de ejecución o las compensaciones económicas que, en los casos de las otras fuentes de generación renovable, sí se contemplan”.

Cuatro veces en cuatro años

La Asociación Empresarial Fotovoltaica ha recordado que las normas para el sector fotovoltaico se han cambiado cuatro veces en cuatro años creando “una situación de desconcierto nacional e internacional respecto de la voluntad real del gobierno español sobre su apoyo a las energías renovables” que pone en riesgo inversiones realizadas por valor de 20.000 millones de euros.

La Junta Directiva de AEF ha manifestado que se acuerda “defender, ante cualquier situación de ilegalidad o incertidumbre jurídica o regulatoria, los intereses reconocidos de los empresarios, inversores y productores en cualquiera de las instancias nacionales o internacionales y con todos los recursos que ofrece a los ciudadanos cualquier Estado de Derecho”.

Para protestar contra el nuevo marco normativo que regulará la energía fotovoltaica, miles de empresarios del sector se están reuniendo en distintas regiones de España, unos actos en los que también participa AEF y la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (ANPER).

De momento ya se han celebrado asambleas en Andalucía, Galicia, Navarra, Cataluña, Murcia y Aragón, a las que han acudido tanto empresarios del sector fotovoltaico como los particulares afectados por la nueva regulación planteada por el Ministerio de Industria según ha asegurado el presidente de AEF, Juan Laso.

En el marco de estas reuniones, el tema fundamental ha sido la inseguridad jurídica que viven los productores de cerca de 50.000 instalaciones y alrededor de 60.000 inversores, entre los que se encuentran empresas e inversores internacionales y miles de pequeños ahorradores que decidieron hacer una inversión segura a largo plazo.


Asimismo los afectados se han mostrado preocupados por el futuro de las plantas fotovoltaicas ante unas medidas que consideran retroactivas y que se han dictado sin tener en cuenta ni a la industria, ni a los inversores ni a la banca, lo que conducirá al concurso voluntario de acreedores a la gran mayoría de las plantas fotovoltaicas.

50.000 agricultores afectados por la nueva regulación fotovoltaica
 

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado que los recortes propuestos por el Ministerio de Industria y aprobados por el Consejo de Ministros “ponen al borde la quiebra a 50.000 agricultores que invirtieron en pequeños huertos solares para conseguir una jubilación digna”.

Se refiere COAG al Real Decreto-Ley 14/2010 con el que el gobierno anuncia que se reducirán las horas de producción con derecho a cobrar la llamada prima fotovoltaica durante tres años. Este supone en la práctica se cobrarán un 30% menos dependiendo de la zona climática en la que se encuentre la instalación, según los cálculos realizados por el sector fotovoltaico.

De acuerdo a los datos facilitados por COAG y ANPER (Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables)  los agricultores y ganaderos han invertido y son copropietarios de una cuarta parte de las aproximadamente 52.000 instalaciones solares que existen en España. Son pequeños inversores, no propietarios únicos de las plantas, a través de fórmulas como las comunidades de bienes, las comunidades de regantes, las cooperativas, o aportaciones familiares a un proyecto.

Las comunidades más afectadas, según COAG y ANPER, son Cataluña y Murcia, son 15.000 y 10.000 perjudicados respectivamente. Los otros 25.000 agricultores se reparten fundamentalmente por las comunidades de Valencia, Andalucía, Extremadura, Navarra y País Vasco.






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