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Industria propone una regulación restrictiva para las nuevas eólicas
En
el Ministerio de Industria se están esforzando en buscar una regulación
«razonable» para las instalaciones eólicas que comiencen a funcionar el
1 de enero de 2013, toda vez que a finales del próximo año vence el
actual marco regulatorio del Real Decreto 661/2007. Las más interesadas
en que el Gobierno apruebe una nueva norma antes de que se celebren las
elecciones generales son las propias empresas, que temen que, de no ser
así, las inversiones se paralicen dado los plazos de planificación y
maduración que necesitan este tipo de proyectos.
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) señalaba recientemente que si la
nueva regulación no se aprueba antes del 20 de noviembre, «la
incertidumbre regulatoria podría alargarse un año más», con el
consiguiente freno de las inversiones. Esta asociación parece haber
convencido al Ministerio, que, pese a las declaraciones realizadas en
julio por Sebastián apuntando a que la norma no se aprobaría en esta
legislatura, sigue trabajando en una propuesta que podría remitir a la
Comisión Nacional de Energía (CNE) y al Consejo de Estado en los
próximos días.
Sin embargo, como en ocasiones anteriores, las diferencias entre las
partes hacen peligrar una posible norma de consenso, que permita
cumplir con los objetivos del Plan de Energías Renovables de alcanzar
en 2020 una capacidad instalada de 35.000 MW, frente a los 20.500 MW
actuales (1.400 MW al año).
La propuesta, que Industria quiere sacar adelante para evitar el parón
del sector, es, según fuentes próximas al ministerio, «acorde» con la
situación actual de déficit de tarifa; con la maduración que ha
alcanzado la energía eólica, que representa un 16% de la capacidad
instalada, y con una rentabilidad que le permitirá acceder al crédito a
través de project finance. En definitiva, una regulación más
restrictiva en cuanto a primas a cobrar; número de horas primadas (unas
1.500 horas anuales) y los años en que se percibirán, que pasan de los
20 actuales a 12 (hasta 2025).
El modelo, según las mismas fuentes, garantiza un suelo a cobrar en
todas las horas de funcionamiento de las plantas, calculado para
permitir la financiación de las instalaciones, aunque será variable y
se ajustará cada año. En cuanto a la prima, esta no se cobrará todas
las horas, sino en parte de ellas, para que todas las instalaciones
estén expuestas al mercado.
Fuentes empresariales consideran que la propuesta, aunque ha mejorado
respecto a la inicial, supone una reducción notable de las primas; de
las horas (inferiores a las 2.300 horas de media al año que consideran
adecuadas), y de los años en que se percibirán, hasta el punto de que
la consideran, hoy por hoy, inviable. Frente al suelo del sistema
actual, que garantiza incluso los costes de operación, en la norma en
discusión solo se tiene en cuenta el retorno de la inversión, lo que,
según las empresas, no es admisible para las entidades financieras.
En cualquier caso, Industria ha descartado en su propuesta el mecanismo
de subasta de primas aplicado en otros países porque, aunque puede
resultar más económico para los consumidores, lo considera más
arriesgado, porque si al promotor no le salen los números, finalmente
no construye.
Por otro lado, tampoco verá la luz la llamada prima negativa, que
consiste en devolver el incentivo cobrado en el caso de que se supere
el techo establecido (cap) si los precios de mercado, que cobran
también las empresas, se disparan. Esta medida fue incluida por el
Gobierno en la reforma de la Ley del Sector Eléctrico que fue remitida
en julio a las Cortes, pero que no se ha podido tramitar por el
adelanto electoral.
Contenidos Octubre 2011

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